La organización del sector del transporte y la movilidad varía de un país o una región a otra, a menudo como resultado de un legado de decisiones institucionales, políticas o culturales. Las leyes son aprobadas por los gobiernos u organismos institucionales responsables del transporte, para después aplicarse al sector del transporte en su conjunto, o a modalidades o nichos específicos.

En línea con sus compromisos políticos, los organismos institucionales pueden decidir la modificación de la legislación vigente en materia de transporte y el nivel de implicación que desean tener en el sector: decidirán el nivel de regulación o desregulación del mercado. Estas decisiones determinarán el funcionamiento del mercado del transporte público, estableciendo las normas, sobre todo en términos de competencia.

Los regímenes de mercado se establecen así: los gobiernos definen si desean, por ejemplo, promover un mercado totalmente desregulado, donde las autoridades ejerzan un control mínimo sobre los nuevos operadores (desregulación), o si una serie de reglas determinarán el proceso de acceso y (las normas de) la competencia en el mercado (regulación).

Una amplia gama de opciones se ofrece a los reguladores, desde la regulación total del mercado a la plena desregulación. Sin embargo, desde los años 80, la apertura de los mercados a la competencia sigue siendo una tendencia en desarrollo en todo el mundo, a pesar de que exige una mayor participación de los reguladores de las ofertas y la introducción de un sistema verificación de los servicios externalizados. A pesar de ello, la introducción de la competencia es un mecanismo que ha demostrado su eficacia y rentabilidad, siendo ampliamente utilizado en la contratación para la compra de material rodante o de la explotación de servicios de transporte.

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